| Sentido común |
| 07/27/10 |
Por Rafael Prieto Zartha
Ataviado con una camisa vistosa estampada con hojas de palmeras, el senador estatal de Arizona, Russell Pearce, ponente de la Ley SB 1070 de Arizona, dialogó con la presentadora de Univisión, María Elena Salinas, acerca de la normativa que tiene en vilo al país.
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Pearce le dijo a la periodista que los agentes policiales tienen que ejercer el “sentido común” para detener a los “ilegales” bajo la legislación que él ideó.
Respecto a la premisa que deportar a los 11 millones de indocumentados no es realista, el ex policía y ex subordinado del alguacil Joe Arpaio, concluyó que muchos se irán.
El sentido común y las estadísticas señalan que Pearce tiene la razón y que la deportación masiva de quienes no cuentan con estatus migratorio sí se materializará, dada la avalancha de proyectos de ley contra los inmigrantes que cursan actualmente en estados, condados y municipalidades de Estados Unidos.
De acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), en el primer trimestre de este año, en 45 estados de la Unión se debatieron 1.180 iniciativas antiinmigrantes, con un saldo de 107 leyes aprobadas.
Desde hace un lustro, los proyectos de ley y las medidas sancionadas han estado cumpliendo con el cometido de crearle un ambiente pesado a la gente que se ha radicado de forma irregular en el país para que se aburra y se vaya, incluso con sus hijos nacidos aquí.
Entre 2006 y 2009 se firmaron 752 leyes estatales que han apuntado a que los indocumentados no puedan entre otras cosas, obtener licencias de conducir o acceder a los colegios comunitarios o a las universidades estatales.
Al mismo tiempo han surgido iniciativas locales dirigidas a impedir que se les alquile vivienda como las de Farmers Branch, Texas; Hazleton, Pensilvania; o Fremont, Nebraska.
Para completar el cuadro, programas de deportación del gobierno federal como Comunidades Seguras y 287g han contribuido al éxodo.
Durante el período fiscal de 2009, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) deportó a 387.790 indocumentados y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reveló en febrero pasado que la población indocumentada se redujo en un millón de personas.
Las proyecciones para 2010 señalan que los deportados serán más de 400,000 y es de esperarse que la reducción de indocumentados supere con creces el millón, marcando la efectividad de en materia de aplicación de la ley del gobierno del presidente Barack Obama.
Los resultados de la presión contra los indocumentados no son diferentes a los previstos por la Operación Endgame, gestada en 2003, durante la administración del presidente George Bush, que preveía la deportación total de los indocumentados en un lapso de una década.
Si la ley de Arizona hace metástasis en la veintena de estados donde legisladores antiinmigrantes han expresado interés de implantarla, el final del juego de ajedrez concluirá con el jaque mate a un sector de la población que ya aportó con su mano de obra al país.
Reitero que es imposible que Estados Unidos acoja a todos los pobres de la Tierra y que tiene sentido común que determine quién entra y quién se establece en su territorio.
Lo que no hace sentido común es que durante años se haya admitido de facto la inmigración indocumentada y que en un momento de vacas flacas se quiera expulsar a todos los que sudaron la gota gorda.
No hace sentido común que alguien termine con un proceso de deportación porque lo vean ingiriendo en un vehículo un jarrito de toronja como lo cuenta en un artículo Paola Jaramillo, editora del semanario La Conexión de Raleigh, acerca de un mexicano que arrestaron el Día del Padre.
Rafael Prieto Zartha es un periodista independiente que escribe sobre inmigración y otros temas relacionados con los hispanos. |
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